Atropellados por la doble moral

Por: Victoria Giraldo

Contrario a lo que expresa la constitución colombiana en cuanto a la libertad de expresión, son las actuaciones de las personas que dicen aplicarla. Es el caso del gobierno o algunos empresarios, que ante las opiniones y declaraciones de algunos periodistas, que aunque ciertas dicen ofender su buen nombre, y con el mayor cinismo ante lo que saben que es verdad, son capaces de llevar a cabo demandas y procesos que finalmente terminan por darle la razón a la opinión pública.

El caso de Alfredo Molano es solo uno de los tantos que se presentan en nuestro país, ya que a menudo los periodistas son amenazados y presionados por ejercer un derecho que va totalmente ligado con su profesión, y que es de alguna manera cuestionado hasta llegar al punto de ser dominado por los grandes monopolios, que deciden cuándo, cómo y porqué se cierran los medios de comunicación. Lo más desconcertante, es que esto pasa sin pena ni gloria, en un país donde el gobierno antes que reprochar este tipo de eventos, se siente agradecido de no tener semana tras semana, sus escándalos publicados en una página de algún periódico o revista, en el que trabajan periodistas que sienten su profesión, y que si tienen conciencia de lo que significa una construcción social a partir de la libertad de conciencia, y de hacer investigaciones serias que lleven a mostrar realidades que aunque nefastas es necesario saberlas.

Aunque el proceso jurídico a Alfredo Molano, dio un fallo positivo para la libertad de expresión, son muchos los atropellos que sufren tanto los periodistas, que al publicar alguna información se ven sujetos a este tipo de reclamos, como los ciudadanos de a pie que necesitan una información basada en investigaciones serias, a cerca de lo que hacen sus dirigentes con un país que les pertenece.

Podría decirse entonces, que manipular la información y poder tener total dominio de lo que se publica, es el objetivo más claro tanto del gobierno, como de algunos empresarios, que además de tener negocios con nuestros dirigentes políticos, lo hacen también dentro de la “legalidad” según ellos o su doble moral, con personas o grupos que no gozan de la buena reputación de la que si se jactan estas “respetables” personas.

Dentro de este marco entonces, y con los antecedentes de atropellos y rechazo a la publicación de la verdad, se puede decir que en un país como Colombia, priman los intereses particulares sobre los generales, y que aunque desde la Presidencia de la República se trate de mostrar que se respeta el derecho a la libre expresión y a la comunicación, éstas solo son posibles dentro los límites que desde allí se establecen, lo de ninguna manera permitirá que un derecho tan importante como éste, se ejerza como debe ser, lo que significa que una vez más que nuestra atropellada constitución es manejada al antojo de unos pocos, lo que nunca permitirá un verdadero “CAMBIO”.